No se entendería que no retomásemos la actividad de nuevo, cuanto antes, para buscar soluciones a los problemas importantes que ya sabíamos que teníamos antes del coronavirus, algunos de los cuales han agravado y aumentado su impacto en la sanidad, la economía y la sociedad. Quizás sea imprescindible que la reconstrucción conlleve la solución paralela de parte de los problemas anteriores para que aquella sea realmente efectiva.

Estamos en unos momentos donde la vida se nos ha complicado, incluso a algunas personas, desgraciadamente, se les ha ido. Estamos de luto nacional.

Ha llegado un coronavirus que nos ha hecho tener que cambiar muchas cosas a los que seguimos aquí, quizás la más importante haya sido el confinamiento y la imposibilidad de continuar nuestras actividades habituales de la misma forma.

Es ahora cuando una sociedad debería demostrar que es mucho más que la suma numérica de sus individuos, y espero que sepamos hacerlo y llegar cuanto antes a lo que se está llamando la “nueva normalidad”, que yo interpreto como la vuelta a la normalidad con las garantías sanitarias necesarias y las formas de hacer adecuadas que nos permitan a todos volver a nuestra actividad habitual (económica, social, empresarial, laboral, etc. etc.).

Es un hecho que también la actividad de todas las administraciones, y la parlamentaria en su conjunto, está actualmente centrada en la solución del gran problema (Covid-19) que tenemos encima y de sus efectos, cuya pieza más visible ha sido la constitución de una Comisión para la Reconstrucción Económica y Social. Es lo razonable y lo exigible.

Pero también debemos irnos preparando para cuando llegue esa nueva normalidad, que ya parece que percibimos más cercana, momento en el que podremos convivir de nuevo y realizar nuestras actividades habituales, aunque sea de otra forma, retomar las actuaciones que quedaron en pausa, y ver cómo también se van solucionando situaciones problemáticas anteriores al coronavirus.

Pensando en ello, y para cuando llegue esa “nueva normalidad” y sea el momento oportuno, me ha parecido conveniente publicar este tema que les muestro a continuación.

Regularizar las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas

Como seguro que ya conocen los que siguen este blog, soy miembro de la Asociación “JUBILACIÓN ANTICIPADA SIN PENALIZAR” (ASJUBI40) que defiende que se eliminen las penalizaciones que se aplican a todas las jubilaciones anticipadas, presentes y futuras, en los casos en que concurran cotizaciones de 40 o más años.

En este contexto, el asunto del coste económico de regularizar esta injusticia social para aquellos que ya la están sufriendo es un asunto muy comentado, en “petit comité”, por todos los que hemos pensado y hablado de ello (afectados, diputados, sindicalistas, asociaciones, etc.), es algo que naturalmente hay que tener presente y valorar pero que, a mi modo de entender, no es la cuestión crucial a la hora de conceptuar como tal esta injusta discriminación, sino que, en todo caso, podría ayudar a enfocar la forma más adecuada y efectiva para solucionarla.

Por hacer un poco de historia reciente, diré que así lo entendieron la mayoría de los grupos parlamentarios en la sesión de la Comisión del Pacto de Toledo del pasado 5 de marzo, y también el propio Ministro de Seguridad Social, Sr. Escrivá, cuando en su comparecencia se dirigió a los diputados de la Comisión en relación a este problema, diciendo que “Hemos identificado entre todos un problema claro, una situación intrínsecamente injusta; me ha parecido oírlo por parte de todos los grupos.

Vista la voluntad de los grupos parlamentarios, queda claro que se trata de un asunto que hay que solucionar, complejo, cuya información debe partir del Ministerio de Seguridad Social que es quien tiene los datos reales, concretos y fiables de cada afectado y, por agregación, del conjunto de jubilados que se encuentran en esta situación de penalización de por vida. El propio Ministro indicó en la Comisión que “… podemos traerles información sobre número de personas que se ven afectadas, carreras, implicaciones para la sostenibilidad del sistema.

No obstante, sí que me gustaría hacer una aproximación (sin números, ya he comentado que quien los conoce es el Ministerio) acerca de algunos de los aspectos que pueden estar jugando alrededor del coste la regularización de estas situaciones discriminatorias e injustas.

Algunos aspectos a tener presentes

Antes de entrar en los aspectos concretos, hay que tener presente algo previo al cálculo del coste, que quizás tenga más que ver con las posibles soluciones. Se trata de la discriminación existente en la proporcionalidad del esfuerzo de cotización realizado, cuestión que traté en mi entrada “¿Merece la pena cotizar muchos años?”, que les recomiendo leer completa y ver el vídeo incorporado, y que cabría tener en cuenta a la hora de abordar las posibles soluciones.

Pasando a aspectos concretos, les diré que parto de la idea de que no supone un coste para el Estado todo lo que, aparentemente, se retroceda por la eliminación de los coeficientes reductores a las largas carreras, es decir que, por ejemplo, el coste de retroceder un coeficiente reductor del 32% no tiene por qué ser del 32%, veamos porqué (datos de 2020):

  • Los distintos límites de la base reguladora máxima, de las pensiones máximas y mínimas, y algunas reglas de la jubilación anticipada permiten marcar unas franjas de importes:
Fuente: elaboración propia, datos de 2020.

NOTA: Cuando se dice “Pensiones por encima de la máxima” se refiere a la base reguladora calculada inicialmente no a la pensión que finalmente se percibe, ya que ninguna pensión está por encima de la máxima.

  • A su vez, estas mismas franjas de importes definen zonas de coste y de no coste, según en cuál de ellas se encuentre la base reguladora calculada inicialmente y la reducida con los coeficientes:
Fuente: elaboración propia, datos de 2020.

NOTA: Los coeficientes reductores se aplican sobre la base reguladora calculada inicialmente, no sobre la pensión final que resultaría de aplicar los límites, por lo que, según la zona en la que se encuentre dicha base reguladora, supondrá mayor o menor coste.

  • Aquí podemos ver algunos casos de ejemplo que permiten examinar las distintas posibilidades en cuanto al coste resultante de regularizar la situación, para volver al 100% de lo que hubiese correspondido de pensión si no se hubiesen aplicado coeficientes reductores (suponiendo una Jubilación anticipada a los 61 años con un 24% de reducción):
Fuente: elaboración propia, datos de 2020.

NOTAS: 1) Aquí se contempla el paso desde la base reguladora inicial calculada, a la que resulta de aplicar los coeficientes reductores del ejemplo. 2) En el Caso 2 el coste será el que va desde la pensión recortada hasta el límite máximo de las pensiones. 3)En el Caso 3 el coste será el que va desde el límite mínimo de las pensiones hasta la pensión que debiera haberse obtenido sin aplicar coeficientes reductores.

Vemos que, en los casos de altas bases reguladoras, el coste de regularizar la situación podría ser menor al coeficiente reductor aplicado, y llegar a ser incluso nulo, porque el importe resultante podría llegar a estar por encima del límite máximo (Casos 1 y 2), mientras que, en la zona de complementos a mínimos, todo o parte del coste sería simplemente una sustitución de los complementos actuales (Casos 3 y 4).

Conclusión:

No supone un coste para el Estado todo lo que se tenga que regularizar según los coeficientes aplicados por la eliminación de dichos coeficientes reductores a las largas carreras de cotización. Además, esta regularización supone un aumento en la renta de estas personas que, fundamentalmente, se dedicará al consumo, con lo que se aumenta la actividad económica y la recaudación tributaria.

Por otro lado, esta breve aproximación teórica está en sintonía con la respuesta que el 26 de marzo pasado ha dado el Gobierno al Senador Carles Mulet (Compromís), a quien agradezco su defensa de esta causa, en relación con una pregunta suya sobre el colectivo de jubilados anticipados a los que se ha aplicado una penalización por jubilarse antes de los 65 años, en la que, refiriéndose a los jubilados anticipados con coeficiente reductor, se dice que:

“… se jubilaron anticipadamente, acogiéndose a muy diversas modalidades de jubilación anticipada vigentes en cada momento.”

“El número de los jubilados con coeficiente reductor es de 1.732.652, pero no todos vieron reducida su pensión, o esta se redujo en cuantías muy inferiores a los correspondientes coeficientes reductores, bien porque tras aplicar el coeficiente reductor la pensión inicial continuaba siendo superior al tope máximo de pensión, bien por la existencia de otras pensiones concurrentes; ello puede deberse también a la aplicación de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, que establece con efectos desde el 1 de enero de 2007 la mejora de las pensiones de jubilación anticipada causadas con anterioridad al 1 de enero de 2002 por trabajadores adscritos al mutualismo antes del 1/1/1967 que acrediten, al menos, 35 años de cotización y que la extinción del contrato de trabajo haya sido por causa no imputable a la libre voluntad de trabajador. Esta mejora consiste en la percepción de un complemento mensual de 14 pagas que se acumula a la pensión y reduce el efecto del coeficiente reductor.”

De lo que parece fácil deducir que el coste de regularizar la situación debería ser bastante inferior al de los porcentajes reductores y otras limitaciones aplicados en cada caso.

La respuesta del Gobierno se refiere todo el colectivo total de jubilados anticipados, mientras que ASJUBI40 defiende que se eliminen y regularicen los casos de largas carreras de cotización, en los que se hayan cotizado 40 años o más, colectivo que, según datos del propio Gobierno en respuesta del 4 de marzo al citado Senador, supone un total de 531.472 jubilados (Régimen General + Autónomos), es decir, menos de la tercera parte del total de jubilados con coeficientes reductores.

Visto lo anterior, espero con inquietud el momento en el que, con la información que el Ministerio proporcione, los Diputados y las Diputadas de la Comisión del Pacto de Toledo puedan realizar sus recomendaciones generales sobre el sistema público de pensiones y, también, lleguen a encontrar y promover una solución viable y rápida al problema de las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas con largas carreras que sufre una parte de la población jubilada y que se ve agravado por la situación de crisis actual.

Que tal Sras. y Sres. ¿nos vamos poniendo a ello?

¡Saludos!

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