Hola a todos.
En abril de 2016 publiqué una entrada titulada «Incompatibilidades«, que les animo a leer, en la que, al hilo de la tramitación que se estaba llevando a cabo por la Comisión del Estatuto del Diputado, les comentaba mi visión sobre lo que venía ocurriendo en cuanto a la autorización de otras actividades públicas o privadas compatibles con la de Diputado o Senador, y la dedicación absoluta que estos parlamentarios deben tener. Citaba algunos artículos del Capítulo II del TÍTULO II de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en el que básicamente se regula este asunto, y finalizaba dicha entrada con la frase: «¡quién le pone el cascabel al gato!» Les vuelvo a animar a leerla.
En ese momento estábamos pendientes de que se formara un nuevo Gobierno en España, y pensaba que cuando se nombrara debería atacar este tema. Posteriormente, en Junio de 2017, viendo que no había ocurrido nada de eso y coincidiendo con que se votaba en el Congreso de los Diputados el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado acerca de los dictámenes que ya hizo en su día (hacía más de un año) y que había llevado a que algunas de sus señorías estuviesen ejerciendo otras actividades con dicha antelación sin que estuvieran aprobadas formalmente, publiqué una segunda entrega titulada «Incompatibilidades: hace poco más de un año…«, que también les invito a leer, donde comentaba algunas cuestiones sobre la votación que se llevó a cabo, y su resultado. Esta vez la finalicé con «¿Será cierto esta vez? ¿conseguirán ponerle el cascabel al gato?»
Y por fin llegamos a la actualidad, donde desde hace unos días se pasea por los medios la noticia del fichaje por parte de un prestigioso bufete de abogados de la ex-Vicepresidenta del Gobierno anterior (PP), que estaba y sigue en el Consejo de Estado, tan sólo 9 meses después de dejar la Vicepresidencia, operación que ha sido autorizada por el Gobierno actual (PSOE).
Además, también se empieza a hablar del ex-Ministro de Justicia del mismo Gobierno anterior que, con plazos similares y aunque no está en el Consejo de Estado, atiende a varios empleos en el sector privado, esta vez estando su solicitud pendiente de aprobación por haberse disuelto el Parlamento. Se ha dado a entender en los medios que es habitual ejercer las nuevas actividades aun no estando autorizadas formalmente, por lo que tiendo a pensar que nadie se extrañaría de que existiera algún otro caso «habitual».
Las discusiones se centran en si es o no legal lo que ha sucedido, y algunos hablan además de la moralidad, la ética, y la posible falta de ellas en las actuaciones que una y otro, y los de alrededor, han tenido en estos temas.
Llegados a este punto tengo que confesar que ya estoy dudando de la propia existencia del cascabel y sobre todo del gato. Tendré que cambiar la frase del final…
La ley no debería permitir que los que han obtenido relaciones, contactos, o algún beneficio y poder en el ejercicio de su título parlamentario, los lleven en su currículum para mayor beneficio de aquellos a los que quizás pudieron haber beneficiado con sus actuaciones, o exista duda sobre ello, y menos si ocurre de forma casi inmediata a cesar en sus funciones públicas.
Tampoco parece lógico pensar que deba ser normal o habitual compatibilizar estas funciones públicas, que en muchos casos tienen dosis de confidencialidad, tratan con información reservada, o simplemente son deliberaciones sobre la futura regulación de algún asunto, con otras de asesoramiento o cualquier otro tipo de vinculación profesional que permita favorecer a terceros gracias a información privilegiada.
Si la ley actual lo permite, que se cambie. ¿Algún partido recogerá el guante?
¿Qué les ha parecido? A mí, «el día de la marmota», otro año con lo mismo.
¡Saludos!
#Diputados #Senadores #Incompatibilidades #España
Opinión y actualidad 
Hoy por ti, mañana por mi, se cuidan Francisco, sólo es que se cuidan porque de algo hay que vivir. Un abrazo.
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👏👏👍
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Yo tengo la impresión de que, por un lado, se pretende poner puertas al campo y por otro, podemos caer en algo inconstitucional. No olvidemos que la Constitución consagra el derecho a tener un trabajo digno. Entiendo que se pretenda legislar el trasvase de lo público a lo privado, pero hay límites que se escapan al control.
Por muchas cortapisas que se pongan, por muchos límites de tiempo y muchas condiciones restrictivas, lo que es evidente, es que no se puede evitar que a lo largo de tu vida, sea laboral o no, pública, privada o mediopensionista, conozcas a personas y establezcas relaciones. Que a partir de ahí se pretenda prohibir el acceso del individuo que viene de la cosa pública a lo privado, durante un tiempo, tiene sus implicaciones.
De entrada, tendremos que darle de comer, no? Por lo tanto, el Estado, tendrá que proporcionarle un sueldo. Una pensión más. Y no olvidemos lo que ya he mencionado antes: la Constitución habla del derecho al trabajo. A ver si ahora, después de lo que sufrió Bosman para conseguir la ley que lleva su nombre en el fútbol, los futbolistas se pueden cambiar de equipo pero los políticos, no.
Por otro lado, hay países como EEUU, en los que el flujo entre lo privado y lo público es mucho más transparente y fluido. Es como hacer la mili: trabajas en una empresa, de repente te ves metido en un gobierno de tu país y cuando acabas, si no has terminado en la cárcel, vuelves a la empresa privada. Aquí deberíamos hacer algo parecido. Entre otras cosas, porque la ley de los hechos consumados, así lo atestigua cada día.
Es más, prefiero que se vayan a una empresa privada antes que crear empresas públicas sin control alguno, sólo para que sirvan de cementerio de elefantes a costa del bolsillo de todos nosotros.
Sobran funcionarios, sobran empresas públicas, y lo que hay que hacer es ejercer un mayor control sobre ellas y no tanto sobre el dónde va a trabajar fulanito cuando termine su vida política. O eso, o les fusilamos directamente y nos quitamos el problema.
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Y mientras que están ejerciendo en lo público? Esta bien que ejerzan de «asesores»? Efectivamente, todos tenemos derecho al trabajo, y los políticos deben poder cambiar de trabajo también, pero una cosa es un parlamentario y otra un gobernante, en cualquier caso, para mi lo público politico no es un trabajo más, tiene unas connotaciones asociadas al poder que lo hacen diferente. Un abrazo.
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