En Diciembre pasado publiqué una entrada titulada Autopistas: la historia se repite, que les invito a leer, donde explicaba las causas, los posibles costes y soluciones de la gestión del Estado sobre este asunto, que no me parecía brillante precisamente.

Según han publicado varios medios de comunicación a mediados de Julio, el Tribunal de Cuentas se ha pronunciado sobre el gasto que supone el rescate de las autopistas radiales quebradas y, en un informe de auditoría de las cuentas del Estado, indica que la factura a pagar por el Estado (nosotros) podría llegar a los 3.718 millones de euros, por el carácter fallido de las concesiones y la reversión de los activos a manos públicas.

El informe matiza este precio diciendo que “Todo ello, sin perjuicio de las indemnizaciones por expropiaciones de terrenos que el Estado tuviera que abonar en virtud de resoluciones judiciales que se puedan producir en futuros ejercicios”

Esto es así debido a las cláusulas de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que incorporaban los contratos firmados con las Concesionarias. El Ministerio de Fomento prevé que esto ocurra en los primeros meses del 2018.

Este Ministerio dice también que durante 2018 volverá a sacar a concurso las nueve autopistas de peaje en quiebra para ceder su explotación a empresas privadas mediante contratos de concesión. Su objetivo es relicitar las autopistas en el menor tiempo posible. Se esperan obtener unos 700 millones por la reprivatización.

 

Estas vías quebradas tienen una deuda total superior a los 3.200 millones de euros. Si bien, la deuda original de los bancos era de 3.768 millones de euros, aunque después la mayoría vendió su deuda a fondos de inversión (los que debieron pensar que era una inversión segura, y era cierto, al final paga el Estado). De todas las Entidades Financieras implicadas, Solo Bankia (470 millones) y BBVA (275) mantenían sus créditos.

Por lo que se ve, la cifra que indica el Tribunal de Cuentas es aproximadamente la deuda bancaria de las autopistas quebradas, aunque es inferior, a los 5.500 millones de euros que han manifestado las empresas constructoras, y a otros expertos que llegaban a los 8.000 millones (ver mi entrada anterior).

 

Suponiendo que las cifras oficiales fueses las ciertas, y dicho todo lo anterior, mi “foto” es que:

  • Se hicieron unos contratos de concesión que propiciaban que el Estado tuviese que pagar si las cosas no iban bien a las empresas concesionarias.
  • El coste que reconoce el Tribunal de Cuentas es de 3.718 millones de euros, más lo que venga.
  • Este coste sólo va a cubrir la cancelación de los créditos bancarios.
  • El Ministerio dice que las va a volver a privatizar y espera obtener 700 millones, que se restarían al coste, quedando un neto de unos 3.000 millones, a pagar.

 

Y digo yo, una vez que ya vamos a pagar por unas concesiones que no debieron hacerse en esos términos de responsabilidad para el Estado, sin que se conozcan responsabilidades de nadie, y que, inexplicablemente para mí,  se las vamos a volver a dar en concesión a otras empresas por una cifra mucho menor, ¿las rescataremos de nuevo cuando no funcionen? ¿Qué importe tendremos que volver a pagar? ¿No han tenido ningún beneficio las concesionarias actuales con estas operaciones de concesión?

Antes de pagar todo esto, y entrar en una rueda sin fin de concesión, quiebra, y pago estatal, ¿por qué no las gestiona el Estado? ¿Seguro que no las rentabilizaría al menos tanto como piensan hacer otros? ¿No nos saldría mas barato?

 

Muchas preguntas sobre las que no tengo respuesta, y si imaginara alguna, no sería para escribirla.

 

Saludos,