El Proyecto Castor se trataba, en resumen, en el aprovechamiento de antiguos yacimientos de petróleo ya agotados en la costa de Castellón y Tarragona, como almacén de gas natural. Este proyecto se paralizó por los numerosos seísmos que la inyección del gas provocó en la zona, lo que produjo que el Gobierno revirtiera la licencia de explotación e indemnizara a la empresa adjudicataria del proyecto (les invito a que vean mas detalles en mi entrada “Autopistas: la historia se repite” donde figuran los datos sobre estas indemnizaciones).

Mas tarde, el Ministerio de Industria y Energía solicitó un informe al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), del que hace pocos días se han conocido los resultados.

Parecerá una “perogrullada” si digo que a mi juicio todos los estudios deberían hacerse antes del inicio de los trabajos, máxime cuando se trata de proyectos de ingeniería y tecnología de este calado, dando prioridad a la seguridad de la población. Pero es que a veces la realidad parece ir en contra de la lógica.

En resumen, el MIT viene a decir (según El País) que:

  • Los estudios previos al proyecto estaban bien hechos.
  • No hubo informes previos para conocer la estructura tectónica del fondo marino donde se asienta Castor.
  • Tampoco se estudió el comportamiento de la falla que ahora aparece como el problema principal.
  • La relación entre la inyección de gas y los movimientos sísmicos es “probablemente alta”.
  • No se podía prever ese fenómeno con los estándares de la industria.

(Si lo desean, pueden ver un resumen del informe pulsando aquí).

Y las preguntas caen por su peso, ¿porqué no se supo antes esta vinculación entre la inyección de gas y los movimientos sísmicos? ¿Como no se estudió con esta profundidad antes? ¿Son actuales y eficaces esos estándares de la industria?

A la vista del informe, la semana pasada el Ministro indicó que existe riesgo tanto si se inyecta gas como si se intenta extraer el que hay, por lo que se mantendrá la situación actual de hibernación, en espera de nuevos informes.

Pero mientras esos nuevos informes llegan, el “taxímetro” de la hibernación sigue corriendo a razón de 15,7 millones de Euros al año, que hay que añadir a los que ya tenemos que pagar en la factura del gas por las indemnizaciones realizadas (pueden verlos en la entrada indicada arriba).

Aunque esto no es todo; si al final hay que ir al desmantelamiento, habría que sumar al menos otros 143 millones (cifra que figura en la previsiones de la concesión).

Voy a hacerles una pregunta, que no debería ser retórica: ¿quién pagará todo esto?

¿La empresa concesionaria y su matriz española? ¿Los responsables políticos? ¿Los técnicos que dieron luz verde al proyecto? ¿Nadie es responsable de nada? ¿Ha sido un simple “error” de mas de 4.000 millones y ya está?

Si no se sienten con fuerzas, no respondan………..ya es un tema muy cansino.

A ver si para la próxima entrada encuentro un tema mas “alegre”.

Saludos,

 

 

(Imagen de cabecera: Pixabay)